Durante los primeros días de febrero, la Asociación de Prensa de Tucumán descubrió, una vez más, una oscura maniobra de los directivos de El Periódico que vulnera flagrantemente los derechos de los compañeros de ese medio.
El ardid de Alberto Llaryora y de su personero, el contador Joaquín Fanjul, consistía en poner en marcha un mecanismo para forzar la renuncia de todos sus empleados y traspasarlos a la firma Comunicación Digital SRL, una empresa también propiedad de Llaryora, pero que todavía ni siquiera se constituyó legalmente.
Fanjul fue el encargado de llevar adelante las “negociaciones”, que llevaron a los trabajadores de la firma a rubricar un contrato con la patronal, por el cual el empleado estaba obligado a renunciar a su cargo actual y a aceptar el traspaso a la fantasmagórica firma Comunicación Digital.
Hasta el momento, varios compañeros fueron obligados a firmar este paupérrimo acuerdo. Lo insólito, inadmisible y arbitrario de este contrato es que en su artículo cuarto expresa que “el trabajador acepta en forma expresa que debido a que Comunicación Digital SRL se encuentra en formación, su alta legal en esta empresa será otorgada una vez que esta empresa cuente con las inscripciones impositivas necesarias al efecto”.
Ante esta clara violación a los principios del Derecho Laboral, la comisión directiva de la Asociación de Prensa de Tucumán rechazó de manera in limine el acuerdo entre la empresa y los trabajadores por considerarlo violatorio de los derechos de los compañeros. Ante la negativa de Llaryora de dar macha atrás con la oscura maniobra, la APT decidió, el viernes 20 de febrero pasado, repudiar públicamente y protestar en la puertas del matutino ubicado en San Martín al 600.
Cinco días después, 11 compañeros de El Periódico enviaron una nota firmada a la APT manifestando su desacuerdo por la protesta realizada en el edificio donde funciona el matutino. Sabemos que el temor a perder los puestos de trabajo hace que los compañeros actúen sin pensar, ya que el miedo es un gran adoctrinador. Pero también sabemos, y somos concientes de ello, que los derechos laborales son irrenunciables. Son irrenunciables porque las leyes que lo componen son de Orden Público, leyes que ponen un límite a la autonomía de la voluntad, al transformar en nulos los actos o contratos cuyo contenido resulte contrario a los intereses colectivos de la comunidad. Y justamente eso es lo que defiende la Asociación de Prensa de Tucumán: los derechos colectivos de los trabajadores, a través del cumplimiento del Estatuto del Periodista y del Convenio Colectivo de Trabajo.
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