Amenazaron nuevamente a un periodista en Orán

El periodista de San Ramón de la Nueva Orán (Provincia de Salta), Samuel Huerga recibió ayer cinco mensajes de texto y tres llamadas telefónicas con amenazas de muerte relacionadas con su labor profesional en la investigación sobre la desaparición de un empleado del Ingenio El Tabacal durante un conflicto gremial ocurrido en 2006.

Huerga ya había sido amenazado el año pasado por el mismo motivo y en la oportunidad realizó las correspondientes denuncias penales con presentación de pruebas pero la justicia no avanzó en la investigación de los hechos.

La Asociación de Trabajadores de la Prensa y la Comunicación de la Provincia de Salta (Asprensa) y la Comisión Nacional de Libertad de Expresión de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom) repudian enérgicamente las amenazas recibidas por el compañero de Radio NOA y corresponsal de Nuevo Diario en la localidad norteña, a la vez que reafirman el requerimiento a los órganos judiciales para el inmediato inicio de las investigaciones y la celeridad en la detención de los delincuentes.

Este pedido reiterado de las organizaciones de trabajadores debe ser receptado en toda su dimensión en defensa de los derechos constitucionales de los compañeros que sufren constantes ataques y restricciones en su ejercicio profesional. Responsabilizamos a los poderes político y judicial por la reiteración de los ataques a la libertad de expresión en igual e incluso mayor medida que los sujetos amenazantes, por no disponer de las herramientas necesarias para frenar la embestida contra los trabajadores de la comunicación.

Diputados aprobó ayer el retiro del proyecto que colegiaba el periodismo

Fue el primer tema tratado en la sesión de ayer. Cuando los diputados aprobaron por unanimidad la propuesta de su autora, Mónica Petrocelli, de retirar el proyecto que planteaba la colegiación de la actividad periodística, una veintena de periodistas que se hallaban en el recinto aplaudieron la decisión.

Trabajadores de diferentes medios de comunicación acababan de reunirse con Petrochelli y legisladores de otros bloques, y habían planteado sus objeciones a la iniciativa, a la que consideraban contraria a la libertad de expresión y una "mordaza" a la prensa.

Es que el proyecto establecía que sólo podrían ejercer el periodismo aquellos que estuviesen colegiados, quienes deberían tener una residencia mínima de 10 años en ejercicio de la profesión en la provincia, y creaba un "Tribunal de Honor" que podía sancionar a periodistas con hasta la inhabilitación definitiva para desempeñarse en la actividad.

Ante la abrumadora falta de consenso, Petrocelli anunció la presentación de una nota dirigida a la Cámara de Diputados en la que solicitaba el retiro de la iniciativa.

Además, aseguró que "pensé que les hacía un bien" al proponer esa norma, y que tenía pensado enviarlo a las universidades y medios para su debate. Además, anticipó que no presentará "ninguna otra ley relacionada con el ejercicio profesional" del periodismo.

Finalmente, negó que se tratara de una iniciativa elaborada junto con funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial (PEP), cuando algunos periodistas deslizaron esa versión.

La titular de la Asociación de Trabajadores de la Prensa y la Comunicación de la Provincia de Salta (ASPRENSA), María Eugenia Cisneros, dijo que no dudaba de sus buenas intenciones, pero entendió que la diputada debiera haber consultado a los "obreros de la palabra" antes de presentar la norma.

En ese mismo sentido se expidió la secretaria General del Sindicato de Prensa de Salta, Alejandra Paredes, quien le pidió a Petrocelli que "nos tenga en cuenta para la próxima buena intención".

Los periodistas consiguieron, a partir de la propuesta de la presidenta de la Asociación de Periodistas de Salta (APES), Elena Corvalán, el compromiso del presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, y de otros diputados, de trabajar en la elaboración de dos proyectos de ley: uno que transparente la regulación de la pauta publicitaria oficial y otro que garantice el acceso a la información pública.

Pese a que algunos trabajadores de prensa manifestaron que hubiesen preferido que el proyecto de Petrocelli fuera tratado y rechazado en el recinto, primó finalmente la decisión de retirar la iniciativa.

Fuente: www.nuevodiariodesalta.com.ar

Adhesiones nacionales al repudio por el Proyecto de Colegiación del Periodismo

Publicamos a continuación las adhesiones remitidas por los distintos sindicatos respecto del repudio de Asprensa al Proyecto de Ley Orgánico del Colegio de Periodistas Profesionales de la Provincia de Salta

Comisión Nacional de Libertad de Expresión (Fetraccom - CTA)

Colegiación de periodistas en Salta

La información no es un privilegio

de una élite, sino un derecho de todos

Un proyecto que pretende vedar la voz de los sectores sociales

Una vez más, en forma inconsulta para con la opinión de todas las organizaciones que nuclean a los periodistas y trabajadores de prensa de todo el país, e incluso en grave violación a tratados internacionales celebrados por la Argentina, se observa el surgimiento de iniciativas legislativas que buscan amordazar a la prensa y domesticarla frente al poder político de turno.

Tal es el caso del proyecto de Ley de Colegiación Obligatoria de Periodistas ingresado en los últimos días a la Legislatura salteña. Su análisis revela graves contradicciones con los preceptos constitucionales, con las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y entraña un atentado al principio de libertad de expresión, base del funcionamiento democrático.

La Comisión Nacional de Libertad de Expresión de la FETRACCOM-CTA expresa su sorpresa y repudio por esta iniciativa presentada por la diputada provincial Mónica Petrocelli, proyecto que de convertirse en Ley lograría que el acceso a los medios sea un privilegio exclusivo de una élite periodística, y no un derecho de todos. La información es un bien social y derecho humano accesible a todos y no puede ser reducida a una mercancía o bien transable producido por un grupo especial de personas autorizadas por el Estado a hacerlo.

Sabemos de las demandas ciudadanas de ética y responsabilidad en el ejercicio de la profesión periodística; conocemos que en nuestra actividad cotidiana no sólo nos corresponden el ejercicio de derechos, sino que también nos atañen deberes para con la comunidad. La capacitación es necesaria para cumplir con nuestra responsabilidad social, pero nunca puede dejar afuera al resto de la sociedad en los alcances del artículo 13 y 14º de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de los derechos del informador y del informado. La atención a estas necesidades de profesionalización y mejoramiento de nuestra tarea jamás pasará por la intervención estatal regulatoria, que sólo puede provocar un empeoramiento de las condiciones de ejercicio de la democracia en nuestras sociedades.

Así lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 1985, el Tribunal cuyos fallos son ley para nuestro país emitió una opinión consultiva (la Nº 5/85, en el asunto referido a la Colegiación de Periodistas en Costa Rica), que introdujo la cuestión social al reafirmar que la libertad de expresión necesita que el opinante no sea "menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento", pero implica también "un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno". Y así lo sostienen innumerables foros jurídicos, sociales, profesionales y sindicales del mundo, así como de nuestro país. Confiamos entonces en un pronto retiro de la propuesta legislativa, que entendemos no ha contado con un asesoramiento técnico solvente para su redacción.

Sin embargo, sabemos que detrás de estas iniciativas subyacen sordos intentos del poder político, que seguirán presentes más allá del retiro o no del expediente en cuestión. Están presentes en especial en las provincias del interior del país. Buscan amordazar a la prensa y a los trabajadores que en esta actividad nos desempeñamos. Domesticarnos para construir una democracia a su medida, y no a la medida que la sociedad está decidida a avanzar.

Exigimos entonces el rápido retiro del proyecto de ley, o su más inmediato repudio legislativo. Asimismo, instamos a los actores políticos y legislativos de todo el país a buscar nuevas formas de colaborar con la difusión pública de las tareas de gobierno y con un mejor desarrollo de la opinión pública en democracia.

Cispren (Córdoba)

Repudio del Cispren al intento

de colegiación obligatoria de periodistas

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN) rechaza enérgicamente el intento de establecer la colegiación obligatoria de los periodistas y trabajadores de prensa de la provincia de Salta. Junto al resto de las organizaciones representativas de los trabajadores de prensa de todo el país, consideramos que una medida de ese tipo entraña una

 gravísima violación a la Constitución Nacional y a los Tratados internacionales celebrados por el país para proteger el principio de libertad de expresión.

El proyecto de Ley que impulsa de la diputada Mónica Petrocelli (PJ) tiene como objetivo, entre otras medidas repudiables, “Vigilar la conducta profesional de los colegiados, de conformidad a lo previsto en esta Ley”, según consta en el inciso C del Artículo 2, y la puesta en funcionamiento de un Tribunal de Honor que pueda establecer sanciones o exclusiones a los trabajadores que no ingresen dentro del concepto de profesión que imponga un tribunal inconstitucional como el nombrado.

Entre otras excluyentes medidas previstas por la polémica iniciativa, se cuenta que para ejercer el periodismo en Salta es necesario ser nativo de la provincia, exigencia que ni siquiera enfrenta el gobernador salteño.

Una vez más, vemos que desde el poder político se elaboran ideas mágicas que mediante ardides reguladores pretenden domesticar a la opinión pública vía el encorsetamiento de la actividad de prensa y comunicación. El proyecto como el ingresado no tiene otro resultado y merece nuestro más directo rechazo por antidemocrático, inconstitucional y violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es ley fundamental de la Nación.

Nicolás Fassi

Secretario de Prensa

APT (Tucumán)

La Asociación de Prensa de Tucumán adhiere al repudio emitido por la Asociación de Trabajadores de la Prensa y la Comunicación de la Provincia de Salta respecto a la presentación del proyecto presentado por la Diputada Mónica Petrocelli para la creación del Colegio de Periodistas de la Provincia de Salta.

La Asociación de Prensa de Tucumán considera que cualquier herramienta que impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es por lo tanto generadora de desigualdades sociales, violatoria de derechos constitucionales además de pactos internacionales.

La Asociación de Prensa de Tucumán demanda a funcionarios públicos y la Diputada Petrocelli el no tratamiento y rechazo del proyecto.

Asociación Jujeña de Trabajadores de Prensa

La Asociación Jujeña de Trabajadores de Prensa suma su repudio al proyecto de la diputada salteña, que muestra, para nosotros,  un espíritu sectarísta y de fácil posición. La pregunta que nos surge es que hizo antes de ser funcionaria que no impulsó en Salta un mejor protagonismo del periodismo local y de una institución que contenga a los colegas en los parámetros que describe en su proyecto.

Tuvo que surgir una Asociación para romper el monopolio de la fatpren, que seguro ella también apoyó. El espíritu del periodismo, no es precisamente calificar el trabajo con la colegiación únicamente, sino abordar la problemática general y estructural del sector, donde se involucra la postergación social, la precarización laboral, las empresas que no reconocen los títulos y pagan lo que quieren, el estado que no realiza una buena distribución de las pautas publicitarias, no promueve la capacitación ni el perfeccionamiento laboral, el poder legislativo que no impulsa instrumentos que amparen a los trabajadores de prensa y hagan valer sus derechos, fomentado por los partidos políticos que califican el trabajo periodístico solamente cuando nos necesitan y están de campaña electoral. Por estas y muchas otras razones renovamos nuestro repudio a la iniciativa de la legisladora salteña y coincidimos en todo el pensamiento de la asociación de prensa local.

Zaffaroni capacitará a la CNLE sobre Seguridad y Medios de Comunicación

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hablará en el teatro “Príncipe de Asturias” del Complejo Cultural Parque de España invitado por el Sindicato de Prensa Rosario. También capacitará a integrantes de la Comisión Nacional de Libertad de Expresión de la Central de Trabajadores de la Argentina.

El próximo viernes 17 de abril, a las 19, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Raúl Zaffaroni, estará en Rosario de Santa Fe invitado por el Sindicato de Prensa Rosario,  para brindar una charla abierta dirigida en especial a trabajadores y trabajadoras de prensa y a estudiantes de las carreras de Periodismo y Comunicación Social, así como a todo el público interesado. En la oportunidad abordará el tema Seguridad y Medios de Comunicación.

Al día siguiente, sábado 18, capacitará a las delegaciones de las distintas provincias que integran la Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional (CNLE) de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom) de la CTA. Se abordarán en esa ocasión distintos aspecto que tienen que ver con la relación del  derecho penal y  la prensa. En el CCPE la entrada será libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala.

Se presentó el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

La Presidenta encabezó un acto en la Sala "Alberto Ginastera" del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata para anunciar la presentación del proyecto de Ley que reemplazará a la Ley 22.285 de la dictadura militar.

"Seguramente habrá piedras en el camino", señaló y agregó que aspira a que el proyecto sea debatido, se preeve 60 días de tratamiento en asambleas por el país, y luego tratado en el Congreso Nacional.

Fuente: http://seniales.blogspot.com/2009/03/se-presento-el-proyecto-de-ley-de.html

Repudio de la CNLE

La Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Capacitacion Profesional en la FETRACCOM - CTA expresa su más enérgico repudio ante los despidos de 38 trabajadores del Diario El Tribuno de Tucumán y acerca su solidaridad con los compañeros cesanteados.

La CNLE entiende además que estos 38 despidos realizados cuando se encuentra abierta la negociación ante la Secretaria de Trabajo de Tucumán, demuestra el poco respeto por las instituciones por parte de estos empresarios, por lo que consideramos necesaria la intervención del Gobierno Provincial a fin de garantizar los derechos de los trabajadores.

Archivos Incompletos - Muestra fotográfica

(Así eran nombrados por los diarios de la época)

El Sindicato de Prensa Rosario invita a la inauguración de la muestra “Archivos Incompletos”, 

un verdadero trabajo de selección de fotografías y registros arrojados a la calle, que pertenecían a los diarios La Razón, Tiempo Argentino y El Cronista Comercial. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina recogió ese material, que pertenece sobre todo a 1975, para mostrarlo a la sociedad y hoy forma parte de la fototeca de la ARGRA en el Museo Nacional de la Memoria (Ex ESMA). Allí está una parte descarnada de cómo accionaba el terrorismo de Estado, con la Triple A y que luego siguió durante la dictadura militar.

Inauguración: martes 17 de marzo, 19.30 hs.

Cierre: lunes 30 de marzo

Lugar: Hall Central de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario - Aristóbulo del Valle y Callao (Ex Estación Rosario Norte).

Prensa Rosario se solidariza con los despedidos en el CEMDO

El Sindicato de Prensa Rosario manifiesta su enérgico repudio ante los despidos ocurridos en el Multimedio CEMDO de Villa Dolores, luego que la empresa cooperativa decidiera desvincular a Daniel Brito, delegado de la firma, Carolina Militello, Héctor Vilchez y Carlos Ochoa.

Desde el SPR nos solidarizamos con los compañeros afectados por esta decisión que los deja sin su fuente laboral. Al mismo tiempo reiteramos la preocupación ante la serie de despidos que se están produciendo en distintos medios del país y el siempre vigente criterio en cuanto a que los trabajadores pueden ser 'descartables', o quienes deben siempre pagar los costos de diversas situaciones que se presentan. Estas situaciones se deben en algunas oportunidades a una crisis real, y en otras, con la invocación de esa crisis las empresas tratan de sacarse de encima a quienes pueden resultar molestos para el estrecho y muy egoísta criterio lucrativo. La preocupación es aún mayor cuando se trata de una empresa cooperativa en la que la solidaridad y el bien común deberían ser los principios rectores de la vida laboral.

SINDICATO DE PRENSA ROSARIO

Las maniobras poco claras en El Periódico perjudican a todos

Durante los primeros días de febrero, la Asociación de Prensa de Tucumán descubrió, una vez más, una oscura maniobra de los directivos de El Periódico que vulnera flagrantemente los derechos de los compañeros de ese medio.

El ardid de Alberto Llaryora y de su personero, el contador Joaquín Fanjul, consistía en poner en marcha un mecanismo para forzar la renuncia de todos sus empleados y traspasarlos a la firma Comunicación Digital SRL, una empresa también propiedad de Llaryora, pero que todavía ni siquiera se constituyó legalmente.

Fanjul fue el encargado de llevar adelante las “negociaciones”, que llevaron a los trabajadores de la firma a rubricar un contrato con la patronal, por el cual el empleado estaba obligado a renunciar a su cargo actual y a aceptar el traspaso a la fantasmagórica firma Comunicación Digital.

Hasta el momento, varios compañeros fueron obligados a firmar este paupérrimo acuerdo. Lo insólito, inadmisible y arbitrario de este contrato es que en su artículo cuarto expresa que “el trabajador acepta en forma expresa que debido a que Comunicación Digital SRL se encuentra en formación, su alta legal en esta empresa será otorgada una vez que esta empresa cuente con las inscripciones impositivas necesarias al efecto”.

Ante esta clara violación a los principios del Derecho Laboral, la comisión directiva de la Asociación de Prensa de Tucumán rechazó de manera in limine el acuerdo entre la empresa y los trabajadores por considerarlo violatorio de los derechos de los compañeros. Ante la negativa de Llaryora de dar macha atrás con la oscura maniobra, la APT decidió, el viernes 20 de febrero pasado, repudiar públicamente y protestar en la puertas del matutino ubicado en San Martín al 600.

Cinco días después, 11 compañeros de El Periódico enviaron una nota firmada a la APT manifestando su desacuerdo por la protesta realizada en el edificio donde funciona el matutino. Sabemos que el temor a perder los puestos de trabajo hace que los compañeros actúen sin pensar, ya que el miedo es un gran adoctrinador. Pero también sabemos, y somos concientes de ello, que los derechos laborales son irrenunciables. Son irrenunciables porque las leyes que lo componen son de Orden Público, leyes que ponen un límite a la autonomía de la voluntad, al transformar en nulos los actos o contratos cuyo contenido resulte contrario a los intereses colectivos de la comunidad. Y justamente eso es lo que defiende la Asociación de Prensa de Tucumán: los derechos colectivos de los trabajadores, a través del cumplimiento del Estatuto del Periodista y del Convenio Colectivo de Trabajo.

Fuente: http://www.prensatucuman.com.ar/not_ver.ficha.php?v=254

Solidaridad con los compañeros de CEMDO

La Asociación de Trabajadores de la Prensa y la Comunicación de la Provincia de Salta repudia enérgicamente los despidos injustificados de los compañeros Daniel Brito, Carolina Militello, Carlos Ochoa y Héctor Vilchez trabajadores del multimedio CEMDO de Villa Dolores, Córdoba.

Desde Salta expresamos nuestro acompañamiento en la lucha de los compañeros por la  recuperación de sus puestos de trabajo aclarando que bajo ninguna circunstancia se justifica la cesantía de trabajadores como paliativo por circunstanciales crisis económicas de los medios. Las fuentes de trabajo y los convenios laborales no pueden convertirse en la variable de ajuste económico de las empresas.

Alerta y movilización por despidos en Villa Dolores, Córdoba

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) repudia enérgicamente el despido de cuatro trabajadores del Multimedio CEMDO de Villa Dolores, al tiempo que se solidariza con los compañeros cesanteados y se declara en estado de alerta y movilización para exigir la inmediata reincorporación de los compañeros despedidos. Sin justificativo alguno, el pasado jueves la empresa echó a tres compañeros, que se suman a otro ocurrido la semana pasada. Entre los despedidos se encuentra el delegado paritario y con 15 años de antigüedad en la empresa, Daniel Brito, como así también Carolina Militello, Carlos Ochoa y Héctor Vilchez. En momentos en que la crisis golpea a todos los trabajadores, las empresas en lugar de buscar soluciones alternativas para salir de la difícil situación, apelan al vil recurso de los despidos sin importarle que los compañeros se queden en la calle y sus familias sin el sustento diario.

Fuente: http://www.fetraccom.redcta.org.ar/article35.html

Continúan las amenazas a periodistas en La Rioja

En la tarde del jueves varios mensajes de texto amenazantes tuvieron nuevamente como destinataria a nuestra compañera de trabajo Ximena Marenco. Las amenazas fueron emitidas por un teléfono celular corporativo perteneciente a una emisora capitalina, que podría llegar a estar vinculada con Gustavo Luna, el hermano de la vicegobernadora y del ministro de derechos humanos, gobierno y justicia. El Gobierno aún guarda silencio sobre las agresiones que sufrió la periodista en la Secretaría Privada del Gobernador.

La periodista Ximena Marenco anunció al aire que estaba recibiendo amenazas en su celular personal. En realidad, las amenazas hacia Ximena nunca cesaron desde que fue agredida el 7 de enero en las puertas del despacho del Gobernador Luís Beder Herrera. Hasta el momento ninguna autoridad provincial brindó explicaciones sobre los hechos. 

Tampoco respondieron las solicitudes de la Comisión Nacional de Libertad de Expresión (CNLE) para mantener una audiencia con la máxima autoridad de la provincia. 

La situación riojana y los elevados incidentes de amenazas y atentados a la libertad de expresión registrados en La Rioja, fueron repudiados en numerosas oportunidades por organizaciones periodísticas a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, el estado provincial y sus principales autoridades guardan un hermético silencio al respecto. Lo curioso es que son ellos quienes deberían garantizar el pleno ejercicio del trabajo periodístico, y velar por la seguridad de todos los ciudadanos.

Las amenazas recibidas este jueves por Ximena Marenco, y la constatación de las vinculaciones directas con el poder político provincial dan cuenta del marco de impunidad en el que se creen envueltos sus autores.

Evidentemente, querían que los identificaramos para dar muestra de su prepotencia, poder e impunidad.

En parte lo lograron. El celular que emitió las amenazas es el 15616544. Pertenece a una línea corporativa de una emisora local en la cual trabajo la propia Ximena Marenco y que está estrechamente relacionada a la familia Luna. 

En estos momentos personal de la Dirección de Investigaciones de la policía provincial está corroborando los datos para dar participación a la Justicia provincial. Esperamos que esta vez el poder político no pueda ante el afán de independencia, justicia y verdad de nuestros magistrados.

Fuente: http://www.fenix951.com.ar/

Intimidaciones a periodistas

La Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional (CNLE) de la FETRACCOM-CTA, repudia enérgicamente las intimidaciones sufridas por compañeros salteños mientras intentaban hacer su trabajo cubriendo los episodios del paro policial.

Los eventos sucedieron en la mañana de ayer primero en la sede mutual de la capital salteña donde se encuentran autoacuartelados los policías en paro. Cuando periodistas llegaron al lugar, éstos les informaron que no los dejarían entrar, mientras un camarógrafo denunció que un policía al oído le dijo que no vuelvan más y que "le tenían visto el auto" en el que se transportaba. Horas más tarde en el acceso a Salta, donde los manifestantes se encontraban cortando la ruta 9, el mismo camarógrafo fue inclusive perseguido por algunos policías.

Estos episodios revisten mayor gravedad por cuanto las intimidaciones provienen de agentes públicos que no sólo representan a la autoridad coercitiva del Estado, sino que además ostentan el uso permitido de armas de fuego.

Esta particular condición exige el mayor celo del Estado para resguardar la integridad de la tarea periodística en la provincia de Salta, que por supuesto no puede ser ejercida con libertad e independencia mientras los propios agentes de seguridad puedan configurar una amenaza a la libre expresión y al desarrollo del periodismo.

Por todo esto la CNLE expresa su solidaridad con los compañeros amenazados al tiempo que manifiesta su profunda preocupación por los reiterados hechos que atentan contra la integridad física de las y los trabajadores de prensa salteños y que implican una clarísima violación al derecho de libre expresión, uno de los pilares del sistema democrático. Exigimos ademas que el Gobierno de Salta, en tanto garante de la seguridad de los ciudadanos y protector de sus derechos, se exprese públicamente respecto de los acontecimientos y reclamamos a la justicia provincial que investigue hasta las últimas consecuencias.

Piden al Gobierno de San Luis que investigue los ataques a Radio Nacional

La Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional (CNLE) de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (CTA) se reunió con el Gobierno puntano para trasladarle la preocupación acerca de los atentados perpetrados contra Radio Nacional San Luis. Así se manifestó la necesidad que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá se expida por el esclarecimiento de los hechos que den con los responsables de querer amedrentar y sembrar el miedo, y aún la autocensura, en los periodistas de la hermana provincia.

La emisora sufrió un atentado el 14 de junio pasado que destruyó la planta transmisora, ubicada sobre la ruta 20 en proximidades de la localidad de Juana Koslay. Las pericias policiales determinaron que el incendio ocurrido fue intencional.

Este hecho es el corolario de una serie de ataques a la libre expresión acaecidos en esa provincia y que incluyeron amenazas de muerte a la directora de la radio, Silvia Niño, en su teléfono particular.

Luego le siguieron robos de equipos, incendio de pastizales próximos, llamadas anónimas intimidatorias y la caída de un artefacto tipo molotov contra la radio pública, motivos estos que no sólo cercenan la posibilidad de ejercer el trabajo periodístico con libertad, sino que además impiden la salida de la señal de Amplitud Modulada de Radio Nacional, un vínculo muy arraigado en toda la provincia.

La gravedad de lo relatado vulnera la vigencia de los Derechos Humanos en esa provincia y el derecho de todas las personas a una información plural, accesible y democrática. Por tal motivo la CNLE solicitó al gobernador –a través de sus colaboradores más cercanos-, que se expida por la profundización de la investigación y el esclarecimiento del suceso.

Esta Comisión ya había sesionado en marzo pasado con la presencia de representantes de diversos medios de la provincia. Allí se recibieron denuncias sobre limitaciones al acceso a la información pública y al conocimiento de los actos de gobierno, hechos que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.

En la reunión pasada se mencionaron casos de hostigamiento a periodistas. Estos temas fueron parte de la conversación y además se saludó el cambio de actitud de algunas autoridades, incluido el propio gobernador, que ahora se muestran más cercanas a la requisitoria de las y los trabajadores de prensa.

La CNLE fue recibida por la Secretaria de Estado, General, Legal y Técnica, Silvia Sosa Araujo y el Secretario de Medios, Mauricio Muñoz, quienes se comprometieron a informarle al gobernador Alberto Rodríguez Saá los pormenores de este encuentro y gestionar una audiencia con él. La idea es, además, pedirle que como máxima autoridad política de la provincia impulse una Ley de Acceso a la Información Pública sin restricciones en el territorio puntano. Esta Ley deberá incluir la información que poseen los tres poderes del estado. El pedido, y estas reuniones, se realizarán en todas las provincias del país y también ante el Congreso Nacional como parte del plan de trabajo de la Comisión Nacional para el 2009.

Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional

Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación

CENTRAL DE LOS TRABAJADORES DE LA ARGENTINA

Conclusiones de la CNLE en Santa Fe

La Comisión Nacional de Libertad de Expresión de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación se reunió el fin de semana en Santa Fe, continuando con la agenda de encuentros para el análisis de la situación de los trabajadores de la comunicación en relación con la libertad de prensa. Del encuentro participó ASPRENSA, parte integrante de la CNLE.
Presentamos las conclusiones de las jornadas.

Con la presencia de delegados de Rosario, Córdoba, Tucumán, Salta y Santa Fe, sesionó la Comisión Nacional de Libertad de Expresión de la FETRACCOM. A un año de su constitución, la CNLE realizó un balance positivo de su actuación y reafirmó su compromiso de desarrollar este espacio en todas las provincias donde haya trabajadores dispuestos a defenderse de violaciones o condicionamientos en la libertad de expresión y el derecho a la información.

Las actividades comenzaron con una capacitación destinada a periodistas y estudiantes de comunicación, a cargo de Eduardo Kimmel, autor de “La masacre de San Patricio” y protagonista de una larga batalla judicial que culminó en mayo último con un fallo histórico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que respalda la tarea periodística y la libertad de expresión. Luego se proyectó “4 de julio”, el documental basado en el trabajo de Kimmel.

El sábado, la comisión inició su encuentro analizando la situación de FM Popular de la ciudad de Santa Fe a partir del robo de equipos sufrido la semana pasada. La Comisión visitó la sede de la emisora y se acordó el acompañamiento permanente para su recuperación. Asimismo, se planteó la necesidad de que el Estado contemple en el diseño de sus políticas culturales y de comunicación la participación de proyectos comunitarios como el de esta radio enclavada en el corazón del barrio Santa Rosa de Lima. Esto debería haberse expresado en acceso a la pauta oficial y a los diferentes programas de los gobiernos provinciales y municipales.

Posteriormente se recibió un informe de representantes de la Multisectorial de Mujeres, quienes denunciaron el ataque sufrido por el mural que se pintó en inmediaciones del Hospital Iturraspe en memoria de Ana María Acevedo. Para la Multisectorial de Mujeres, el daño ocasionado lesiona el derecho a la expresión de este sector y es una muestra más de la intolerancia de sectores fundamentalistas de nuestra sociedad que se oponen al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde la CNLE instamos a los poderes legislativos a abordar sin prejuicios y temores estos temas.

Otro tema analizado fueron las gestiones realizadas ante el gobierno de San Luis para que garantice la seguridad y la posibilidad de trabajo de Radio Nacional de esa provincia, atacada en varias oportunidades, incluyendo el incendio de su planta transmisora. Desde la CNLE reiteramos la necesidad de que las máximas autoridades de la provincia garanticen la vigencia de los derechos del informador y del informado consagrados en nuestra Constitución Nacional a través de la incorporación de los tratados internacionales en 1994.

Se consideraron además, casos recientes de maltrato laboral en Santa Fe. Se acordó en este sentido, recopilar antecedentes, tomar contacto con los damnificados y ofrecer la asistencia y contención que sean necesarias.

Luego del encuentro realizado el 28 de junio en la ciudad de Salta, y ante las dificultades de acceso al Boletín Oficial por parte de los compañeros trabajadores, se elaboró un informe haciendo públicas estas dificultades y finalmente la provincia dispuso la publicación irrestricta del mismo on line.

Finalmente, se acordó encarar nuevos reclamos por el acceso a la información en poder del Estado en los ámbitos provinciales y municipales sancionando leyes que hagan efectiva la vigencia de este derecho. En este sentido, se intensificarán las acciones el próximo 28 de septiembre, día en que se conmemorará el Día Internacional por el Derecho a Saber

La Comisión Nacional de Libertad de Expresión se reúne en Santa Fe

Siguiendo el objetivo de debatir sobre el estado de la profesión periodística en el país, las violaciones a la libertad de expresión y los condicionamientos al derecho a la información, el próximo sábado 13 de septiembre se reunirá en la ciudad de Santa Fe la Comisión Nacional de Libertad de Expresión de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación (Fetraccom). Este espacio fue creado a fines de 2007 por los sindicatos de prensa de Rosario, Córdoba, Tucumán, Mar del Plata, Jujuy, San Luís, el Foro de la Comunicación Santafesino y la naciente Asociación de Trabajadores de la Prensa y la Comunicación de Salta. El encuentro comenzará a las 10 horas en el local de la CTA Santa Fe (Rivadavia 3185). Allí se analizarán con trabajadores de prensa de la región distintas situaciones que afectan la libertad de expresión y restricciones al derecho a la información. Los interesados en participar de esta reunión pueden comunicarse al (0342) 156-12482 o enviar correo a: focos@gruposyahoo.com.ar. Luego, a partir de las 15, la Comisión continuará con su trabajo abordando distintos temas tales como la Ley de Radiodifusión para la Democracia y reclamo de un debate público de la norma sobre la base de los 21 Puntos para una Radiodifusión Democrática; precarización laboral perpetuada en medios privados del interior del país y apañada en muchos casos por los propios gobiernos provinciales; distribución inequitativa de la pauta publicitaria oficial, cuando favorece a los medios que violan las leyes laborales y cuando es utilizada como un perverso sistema de premios y castigos a la línea editorial de los medios de comunicación. Con este nuevo encuentro en la ciudad de Santa Fe, la Comisión Nacional de Libertad de Expresión consolida su desarrollo como el único espacio consentido federal dedicado a los problemas de la profesión periodística, la libertad de expresión y el derecho a la información a través de la capacitación, la investigación y la denuncia.